El Partido Popular ha presentado una "proposición no-de-ley" en el Parlamento con el siguiente contenido, que valoramos a continuación:

"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a modificar o Decreto 124/2007, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, incorporando tódalas recomendacións do Consello Consultivo, en aras de conseguir o maior consenso parlamentario e social e as necesarias garantías de legalidade, incluíndo en particular:

El Partido Popular usa un procedimiento parlamentario para tratar de modificar un decreto de la Xunta de Galicia. Creemos que no debe desdeñarse ningún procedimiento lícito, y no podemos valorar la eficacia que pueda tener éste, pero querríamos que por coherencia utilizase también el recurso contencioso administrativo, que es el idóneo, en principio, para reaccionar contra un reglamento ilegal. Dispone para ello de más medios que el común de los ciudadanos, y del mismo plazo, hasta el 29 de este mes.

Incorporar las recomendaciones del Consejo, y, sobre todo, de corregir las ilegalidades manifiestas advertidas por dicho órgano, no será suficiente para obtener "un buen decreto" -ya que no es posible que sea buena ninguna norma de injerencia en la libertad de lengua, una vez establecida la cooficialidad-, pero un decreto que se atuviese a estas prudentes recomendaciones sería mucho menos malo que el 124/07.

Creemos que "consenso parlamentario" y "consenso social" son cosas muy distintas en esta materia. Tal vez el mayor consenso social lo obtendría la derogación del decreto y de toda norma discriminatoria por razón de lengua, con la consiguiente libertad e igualdad en el empleo de las dos cooficiales.

1 .-A garantía de total equilibrio na distribución horaria das materias a impartir en galego e en castelán (50% galego - 50% castelán). A citada proporcionalidade deberase manter igualmente nos centros que teñan proxectos plurilingües.

Aunque es mejor que el decreto actual, en el que la invocación al 50% o a la supuesta paridad horaria de lenguas es manifiestamente fraudulenta, creemos que la "paridad horaria forzosa" coarta la libertad de las personas sin ningún motivo que lo justifique. El objetivo de "salvar" la lengua gallega de su supuesto peligro de extinción no justifica conculcar la libertad individual. El derecho a usar el español, reconocido en la Constitución, y el derecho a usar el Gallego, reconocido en la Constitución y en el estatuto, no deben ser conculcados por un decreto, norma de rango claramente insuficiente para afectar a ese derecho fundamental o para condicionar o restringir lo establecido en normas de rango superior.

2 .- A garantía de liberdade de uso das dúas linguas por parte do alumnado, tanto no seu contacto co profesor como na redacción dos exames, nas materias que obrigatoriamente se impartan en galego e tamén nas que se impartan en castelán, exceptuando as materias de lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá.

Supone una mejora sustancial del decreto, purgándolo de una ilegalidad manifiesta, y, sobre todo, restableciendo una libertad elemental que ningún decreto ni ninguna ley pueden conculcar.

Sin embargo, sigue partiendo del supuesto, que no compartimos, de que tenga que haber asignaturas distintas de las lenguas, de impartición obligatoria en una u otra de las dos oficiales: las asignaturas deben impartirse en el idioma que el profesor acuerde con sus alumnos, entre los dos cooficiales -o en ambos, en la forma en que estimen adecuado-, en función de criterios pedagógicos, como, por ejemplo, la composición de los alumnos y sus preferencias y la mayor competencia, y, consiguientemente, la mayor eficiencia docente del profesor. Todo el mundo olvida en esta materia el dato básico de la perfecta inteligibilidad de las dos lenguas para los residentes, o al menos para los usuarios del sistema educativo -salvada la primera enseñanza, sujeta a la regla de la lengua materna-. Los supuestos defensores del gallego confían en la imposición como principal instrumento de su empeño. Nosotros creemos que la libertad es mucho mejor, y, en cualquier caso, no se puede sacrificar a ese empeño.

Por otra parte, redunda en el error de poner en el mismo plano el pretendido deber jurídico de emplear una determinada lengua de las dos cooficiales, por razones de "normalización" o de "salvamento" lingüístico, con el deber escolar de utilizar en clase de lengua la lengua de la clase. El primero no existe; el segundo no debe ser objeto de un decreto sino de la fluida y normal relación entre el profesor de lengua y sus alumnos.

Por último respecto de este apartado, aunque ya se desprende de su formulación, entendemos que convendría incluir la libertad de manejo del material escolar -especialmente el libro de texto- en el idioma de preferencia de cada alumno, lo que comporta el deber docente de indicar un texto con versiones en ambas lenguas cooficiales. Aunque es obvio, el ataque a la libertad perpetrado por el decreto 124/07 aconseja incluir esta precisión.

3 .-A garantía de que, na educación infantil, os alumnos serán acollidos na lingua que determinen os pais.

4 .-As medidas para garantir que os alumnos acaden as competencias lingüísticas en galego e en castelán, propias de cada nivel, incluíndo o nivel de ensino infantil, dentro das características propias de cada etapa educativa."

En cualquier caso, felicitamos al Partido Popular su intento de desintoxicar el decreto del falso 50% de lo peor de su contenido. Puede ser el principio de un cambio sustancial en su política lingüística, que abandone la perspectiva falsa de los derechos de la lengua sobre las personas para adoptar la de los derechos de las personas sobre las lenguas, y animamos al Partido Socialista a que le emule en este camino, y, a ser posible, a que le supere.

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